LIMA.-Casi una semana luego de los primeros reportes del secuestro de 13 mineros en Pataz, región La Libertad; se confirmó que todas las víctimas fueron halladas sin vida al interior de un socavón. La presidenta Dina Boluarte decidió declarar toque de queda en la provincia desde las 18:00 hasta las 6:00 horas del día siguiente.
La confirmación coincide con la difusión de un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado por los secuestradores, muestra cómo cada uno de los mineros era ejecutado por sus captores con disparos a quemarropa. Todos fueron encontrados en el mismo lugar y, según sus familiares, los cuerpos ya estaban ahí desde hace varios días.
Los 13 hombres fueron identificados como trabajadores que fueron contratados por la empresa R&R, cuyo dueño es un minero artesanal que realiza trabajos formales y legales en la zona para la minera Poderosa, una de las principales compañías de extracción de oro en la provincia y que también fue blanco de ataques en su contra por parte de mineros ilegales que buscan el control de la zona.
El alcalde de Pataz se reunió con la presidenta y anunció también que irán a un paro indefinido este 5 de junio ante la falta de acción del gobierno, Congreso y Ministerio del Interior.
Pronunciamiento de mineros artesanales
En relación con el ataque del 26 de abril, en el que 13 trabajadores de seguridad de Libmar S.A.C. fueron “emboscados, cruelmente torturados y asesinados por sicarios pertenecientes a la organización criminal liderada por alias ‘Cuchillo’”, la empresa expresó su condena categórica al “cobarde ataque criminal” y ofreció “las más sentidas y profundas condolencias a los familiares de los trabajadores asesinados”.
Los trabajadores de seguridad prestaban sus servicios a los mineros artesanales de Libmar S.A.C., quienes realizan trabajos en concesiones de Compañía Minera Poderosa S.A. bajo un contrato vigente de exploración y explotación. En solidaridad con las víctimas, la empresa asumirá “en su integridad todos los costos vinculados al traslado, velorio y sepelio de los trabajadores de resguardo y seguridad”.
Libmar S.A.C. también solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio del Interior y a otras autoridades que “cumplan con su obligación impostergable de implementar políticas eficientes destinadas a prevenir actos criminales que atentan contra la vida de las personas, su seguridad, el orden interno, el orden público, la seguridad y la paz social”. Finalmente, reiteró su “compromiso inquebrantable con el desarrollo de la minería artesanal en proceso de formalización” y su lucha contra la criminalidad organizada y la minería ilegal.
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Los familiares de las víctimas señalaron al criminal como el responsable del rapto. Incluso, indicaron que pidió 4 millones de soles por la liberación. Pese a que todavía no hay avances en la investigación, no es la primera vez que es vinculado a violentos actos y atentados en zonas mineras
Exigen medidas urgentes
El Colectivo PAS – País Seguro expresó su “profundo pesar y solidaridad con las familias de los trece trabajadores brutalmente asesinados en Pataz, región La Libertad”. En su declaración, el colectivo señaló que “este cruel asesinato ejecutado por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal representa uno de los episodios más cruentos de violencia en lo que va del año en el país”. La madrugada del 4 de mayo, la Policía Nacional encontró los cuerpos de los trabajadores contratados por un minero artesanal en proceso de formalización.
El Colectivo PAS solicitó al Gobierno, al Congreso de la República y a la administración de justicia que“tomen medidas urgentes y efectivas para combatir la minería ilegal” y afirmó que “es hora de dejar la inacción y tomar las decisiones de Estado que eviten que el Perú sea rehén de las economías ilegales”. Finalmente, demandó que las autoridades “identifiquen a los autores del asesinato de los trece trabajadores y que sean sancionados con todo el peso de la ley”, destacando que “el Estado tiene el deber de proteger la vida y la seguridad de todos los peruanos”.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó el asesinato de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad, a manos de mineros ilegales vinculados a organizaciones delictivas.
La SNMPE expresó su solidaridad con las víctimas y demandó que las autoridades identifiquen y sancionen a los responsables. Además, criticó la falta de un plan gubernamental efectivo para enfrentar la minería ilegal y destacó la necesidad de desarrollar inteligencia policial para desarticular las organizaciones criminales.
El gremio hizo un llamado al Ejecutivo y al Parlamento para que tomen medidas más eficaces contra la minería ilegal y para fortalecer las instituciones encargadas de la fiscalización. También instó a todos los peruanos a unirse en defensa de la vida y los derechos humanos.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) condenó la masacre ocurrida el pasado 26 de abril en la región de La Libertad, donde 13 trabajadores de una empresa subcontratada por la minera Poderosa fueron secuestrados y asesinados por una organización criminal vinculada a la minería ilegal.
Según la entidad, se ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas su servicio para buscar justicia, y, por indicación del ministro Javier Arévalo, un equipo multidisciplinario ha asumido el patrocinio legal de dos de las familias afectadas
Familias provenientes de diferentes regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque y Loreto se encuentran en la morgue esperando la entrega de los cuerpos, aunque aún deben pasar por los exámenes forenses requeridos por ley. Los familiares exigen justicia y piden que el Estado o la empresa minera se hagan responsables del traslado de los restos hacia sus lugares de origen.
Víctor García López, tío de uno de los agentes de seguridad asesinados en la reciente masacre ocurrida en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, mostró su indignación por la falta de apoyo del Estado. Según García, las autoridades solo han ofrecido ayuda verbalmente, sin tomar medidas concretas que respalden a las víctimas.
El familiar indicó que los afectados, provenientes de Piura, se encuentran devastados por la tragedia y necesitan ayuda real y urgente. “Mis familiares están desbordados, destrozados. No solo esperan palabras, sino acciones que les brinden el apoyo necesario”, expresó a la prensa.0 seconds of 3 minutes, 30 secondsVolume 90%
La desaparición de 13 mineros en Pataz alertó a la localidad, pero no ocurrió lo mismo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) donde el premier Gustavo Adrianzén dijo desconocer la existencia de una denuncia por secuestro. Al confirmarse la masacre de los trabajadores, sus deudos exigen la renuncia del funcionario del gobierno de Dina Boluarte y una respuesta clara de la empresa R&R.
Laguerra por el oro en Perú está fuera de control. El 4 de mayo de 2025 se dio a conocer la trágica noticia del hallazgo de 13 cuerpos sin vida en la localidad de Pataz, al norte del país. Los trabajadores, que habían sido secuestrados el 26 de abril mientras cumplían funciones en la mina La Poderosa, fueron encontrados después de más de una semana de angustia. La masacre, que ha dejado al país en estado de shock, es consecuencia del clima de violencia que atraviesa el país y la creciente batalla por el control de los recursos minerales en la región, un fenómeno alimentado por la minería ilegal y el crimen organizado.
Los restos de las víctimas del atentado en Pataz fueron reconocidos por sus familiares
Los familiares de las víctimas del atentado ocurrido en Pataz, en la región La Libertad, finalmente lograron reconocer los restos de sus seres queridos, quienes fueron asesinados a manos de sicarios vinculados a la minería ilegal. En total, 13 personas fueron asesinadas en este ataque, un hecho que ha consternado a la población local y generado un rechazo generalizado ante la violencia en la zona.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Jefry Stiven Padilla Hidalgo
- Juan Joel Ñaupari Salva
- Yobal Martínez García
- César Rospigliosi Arellano
- Franklin Vicente Facundo Inga
- Jhon Cristian Facundo Inga
- Frank Jesús Monzón Valeriano
- Nilver Joel Pérez Chuquipoma
- Josué Carbonel Beltrán
- Darwin Javier Coveñas Panta
- Wilmer Chávez Mijahuanca
- Deyther Domínguez Ramírez
- Mego Yumbato Huacho
Periodista aclara la masacre en Pataz: “Los mineros fueron torturados y ejecutados el mismo día”
El periodista Luis Vargas del programa Panorama, de Panamericana Televisión, brindó detalles sobre el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz el pasado 26 de abril, y afirmó que la versión sobre un secuestro previo fue una táctica criminal para ganar tiempo. En su entrevista con Carla Muschi, reveló que las víctimas fueron torturadas y ejecutadas el mismo día del ataque, presuntamente a manos de la organización criminal dirigida por alias “Cuchillo”. Además, Vargas describió la situación como una zona de guerra controlada por mafias que manejan el oro ilegal en la región.
El reportero de Panorama destacó la compleja geografía de Pataz, con cerros y quebradas que dificultan el trabajo de las autoridades, mientras que los delincuentes dominan el terreno a su favor. También denunció que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, quien fue detenido en 2023 por delitos en la zona, fue liberado poco después.
Familiares de una de las víctimas de la masacre en Pataz solicitan ayuda para trasladar sus restos a Tumbes
Los familiares de Deiter Domínguez, uno de los agentes de seguridad asesinados en Pataz, están buscando apoyo para poder trasladar sus restos desde el Mogue Central de Trujillo hasta Tumbes. Adán Domínguez, su tío, hizo un llamado al Ministerio del Interior, solicitando la colaboración del gobierno para que se gestione el envío del cuerpo a fin de darle una cristiana sepultura en su tierra natal. La familia atraviesa momentos de angustia, pues, a pesar del dolor por la trágica pérdida, se enfrenta a la dificultad de no contar con los recursos necesarios para realizar el traslado.
Adán Domínguez expresó su desesperación y resaltó la necesidad de que las autoridades cumplan con esta solicitud, destacando el sacrificio de su sobrino en su labor como agente de seguridad. Aseguró que el deseo de la familia es brindarle el descanso que merece, rodeado de sus seres queridos en Tumbes, y que el apoyo del gobierno es crucial para cumplir con este último deseo.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) condenó el asesinato de 13 trabajadores en la zona de Pataz, destacando que este crimen refleja un problema de descontrol en diversas regiones del país. La Confiep manifestó que el ataque es solo un ejemplo de la creciente violencia, con 39 muertes registradas en la zona, y subrayó que las economías ilegales, como las vinculadas con Sendero Luminoso y el MRTA, continúan dominando el área, a pesar de la declaración de estado de emergencia.
La organización empresarial expresó su preocupación por la falta de estrategia y respuesta efectiva del Estado, considerando insuficiente la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público frente a la amenaza del crimen organizado. En ese sentido, exigió un Consejo de Estado que formule un plan de acción conjunto para enfrentar la violencia y debilitar las organizaciones terroristas, resaltando la necesidad urgente de un trabajo coordinado entre las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Uno de los últimos videos compartidos en redes sociales muestra a un grupo de aproximadamente 40 agentes de seguridad marchando en fila india hacia la zona donde debían brindar protección en Pataz.
Los agentes, vestidos con chalecos antibalas, cascos y ropa de faena, avanzaban en una misión de resguardo. Sin embargo, pocos momentos después, 13 de ellos fueron víctimas de una emboscada. Los sicarios los acorralaron en un socavón, donde las víctimas no tuvieron oportunidad de escapar. Los agentes de la cuadrilla fueron sometidos a una crueldad extrema. Tras ser torturados, despojados de sus prendas y maniatados, fueron ejecutados con disparos en la cabeza.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó el asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, La Libertad, a manos de mineros ilegales. La organización expresó su solidaridad con las víctimas y demandó que las autoridades identifiquen y sancionen a los responsables con todo el peso de la ley.
En su comunicado, la SNMPE destacó la necesidad urgente de que el Gobierno apruebe un plan de lucha contra la minería ilegal, cuyo presupuesto aún no ha sido aprobado, y advirtió que las medidas como los Estados de Emergencia no han tenido resultados efectivos en la región.
El gremio también subrayó la importancia de un liderazgo claro desde el Ejecutivo para enfrentar esta problemática, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la fiscalización de la minería formal. Además, exhortó al Gobierno y al Congreso a poner fin a las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que según la SNMPE, encubren las actividades ilegales. La organización hizo un llamado a la unidad nacional para defender la vida y los derechos humanos, instando a combatir la minería ilegal y garantizar la seguridad de los ciudadanos y trabajadores.
La Minera Poderosa cuestionó al Congreso de la República luego de confirmarse el asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R, que previamente habían sido secuestrados. La compañía cuestionó las constantes ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, tal como advirtieron expertos, incentiva la minería informal e ilegal.
Vidas truncas por la violencia: historias de los vigilantes asesinados en Pataz
Jefry Padilla Hidalgo, de 22 años, se encuentra entre los 13 vigilantes asesinados por presuntos mineros ilegales en la región de Pataz, quienes secuestraron y ejecutaron a sus víctimas, arrojando sus cuerpos a un socavón de la empresa R&R, que brinda servicios de seguridad a la minera Poderosa.
Jefry trabajaba como agente de seguridad junto a su hermano, quien se retiró un día antes del ataque, logrando salvar su vida. Entre los fallecidos se encuentran también tres jóvenes de Chiclayo, César Augusto Rospigliosi Arellano y los hermanos Jhon Cristian y Franklin Vicente Facundo Inga, quienes habían emigrado en busca de mejores oportunidades económicas.
Aunque se han recuperado los cuerpos de las víctimas, solo ocho de ellos han sido identificados hasta el momento. Los familiares de las víctimas, especialmente los de Chiclayo, exigen justicia y el pronunciamiento tanto de la minera Poderosa como de la empresa R&R.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ingresó al área donde fueron hallados los cuerpos de los 13 mineros secuestrados en la provincia de Pataz, La Libertad. El operativo, en el que participaron unidades de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), la División de Investigación Criminal (Divincri) y otras dependencias de la PNP, se llevó a cabo con el apoyo del Ejército del Perú. En los videos del rescate se puede observar el trabajo coordinado de los agentes, quienes ingresaron al socavón en busca de pistas.
Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida, la PNP comenzó el proceso de identificación de los restos, mientras se recogían evidencias con el fin de esclarecer lo sucedido.
