WASHINGTON (AP).—La mayoría de los empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en Washington y en todo el mundo iniciaron este viernes un periodo de baja temporal obligatoria, mientras que las asociaciones de empleados federales recurrieron a los tribunales federales para intentar revertir las órdenes del gobierno del presidente Donald Trump que han desmantelado la mayor parte de la agencia, con seis décadas de antigüedad, y de sus programas en todo el mundo.
Funcionarios del Departamento de Estado y otras personas han llamado al gobierno de Trump a permitir que más trabajadores de la USAID permanezcan en sus puestos, al menos de manera temporal, para realizar tareas como manejar el regreso a casa de miles de empleados por contrato directo y contratistas de la USAID, así como de sus familias.
El gobierno dijo el jueves a funcionarios del organismo que planeaba exentar a menos de 300 empleados de los procesos de baja y cesantía que ordenaron para al menos 8.000 empleados por contratación directa y contratistas. Diplomáticos y embajadas han recibido peticiones de exención que den más tiempo a algunas personas, entre ellas, familias obligadas a sacar a sus niños de la escuela a mitad del año escolar.
Dos empleados actuales de la USAID y un ex alto funcionario del organismo informaron a The Associated Press sobre el plan del gobierno, presentado el jueves a los altos funcionarios que aún quedan en la agencia. Los tres declararon bajo condición de anonimato debido a una orden del gobierno de Trump que prohíbe que el personal de la USAID hable con personas fuera de su agencia.
Los empleados por contratación directa y contratistas restantes, junto con un número desconocido de los 5.000 empleados contratados localmente en el extranjero, administrarían los pocos programas de salvamento que la administración pretende mantener por ahora.
Hasta el momento, se ignora si la reducción sería permanente o temporal, lo que podría permitir el regreso de más trabajadores después de lo que, según el gobierno de Trump, es una revisión de los programas de ayuda y desarrollo que desea reanudar.
Esta semana, la administración dio a casi todos los empleados de la USAID en el extranjero 30 días, a partir del viernes, para volver a Estados Unidos, y el gobierno pagará sus costos de viaje y mudanza.
En una nota publicada la noche del jueves en el sitio web de la USAID, el organismo dijo que ninguno de los empleados en el extranjero que se encuentren en baja temporal serían obligados a abandonar el país en el que trabajan. Sin embargo, los empleados que decidan quedarse por más de 30 días podrían tener que cubrir sus propios gastos, a menos que reciban Una extensión específica por dificultades.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el jueves, en un viaje a República Dominicana, que el gobierno de Estados Unidos ayudaría a sus empleados a volver a casa en un plazo de 30 días “si así lo deseaban” y que escucharía a aquellos en condiciones especiales.
“No tratamos de perturbar la vida privada de las personas”, dijo el jueves a reporteros. “No estamos siendo punitivos”
Insistió en que la acción era la única forma de obtener cooperación porque los empleados trabajaban “para hacer e impulsar pagos por debajo de la mesa a pesar de la orden de suspensión”, refiriéndose a la ayuda exterior. Elementos de la agencia negaron esta acusación de obstrucción.
El presidente Donald Trump publicó el viernes en redes sociales el mensaje “CIÉRRENLA”.
Rubio dijo que el gobierno estadounidense seguirá proporcionando ayuda a otros países, “pero va a ser una ayuda exterior que tenga sentido y favorezca nuestros intereses nacionales”.
Para el gobierno de Trump y su aliado, el multimillonario Elon Musk, que dirige un Departamento de Eficiencia Gubernamental orientado a la reducción de presupuesto, la USAID ha sido el organismo más golpeado hasta ahora, en un desafío sin precedentes al gobierno federal y a muchos de sus programas.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero, se produjo una congelación general de fondos que ha eliminado la mayoría de los programas de la agencia en todo el mundo, y casi todos sus trabajadores han recibido un permiso administrativo para ausentarse de sus laboras, o han sido suspendidos. Musk y el presidente republicano han hablado de eliminar la USAID como una agencia independiente y trasladar al Departamento de Estado los programas que sobrevivan.
Legisladores demócratas y otras personas califican la medida de ilegal, pues no cuenta con la aprobación del Congreso.
La Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno presentaron el mismo argumento en una demanda presentada en las últimas horas del jueves, en la que solicitan al tribunal federal en Washington que ordene la reapertura de los edificios de la USAID, el retorno de su personal al trabajo y la restauración de la financiación.
Los funcionarios gubernamentales “no reconocieron las consecuencias catastróficas de sus acciones en lo que respecta a los trabajadores estadounidenses, a la vida de millones de personas en todo el mundo y a los intereses nacionales de Estados Unidos”, se indica en la demanda.
