WASHINGTON.-La justicia de Estados Unidos acusó a 11 personas de varias nacionalidades de orquestar desde ese país y Rusia un sistema para defraudar más de 10,600 millones de dólares de Medicare, el seguro médico público estadounidense, según un documento judicial conocido el viernes.
De acuerdo con ese texto de acusación, la «organización transnacional» coordinó desde 2022 «una trama multimillonaria de fraude sanitario contra el programa Medicare», destinado a mayores de 65 años y personas con discapacidad, facturando equipos médicos que los asegurados no habían solicitado ni recibido.
Cientos de miles de personas inscritas en ese seguro recibieron facturas por equipos médicos de alto valor que nunca solicitaron ni recibieron, de acuerdo con la acusación.
Los acusados compraron docenas de empresas de equipos médicos acreditadas para presentar reclamaciones a Medicare y a las aseguradoras complementarias.
Después, con información personal robada a más de un millón de estadounidenses, presentaron miles de millones de dólares en reclamos por esos dispositivos, según la acusación.
«Desde aproximadamente agosto de 2022 y septiembre de 2024, los acusados (…) presentaron en torno a 10,600 millones de dólares en reclamos fraudulentos por equipo médico duradero», señala el documento judicial.
De estos, Medicare habría pagado unos 41 millones y las compañías asociadas unos 900 millones.
A través de ingeniería financiera y empresas ficticias, la organización enviaba el botín conseguido a cuentas en China, Singapur, Pakistán, Israel y Turquía o lo invertía en criptomonedas.
Podría tratarse de uno de los mayores fraudes que habría sufrido el seguro médico público estadounidense, que se encuentra en plena revisión bajo el gobierno de Donald Trump.
No obstante, no es el primer caso de engaño al sistema de salud de Estados Unidos. Según el diario The New York Times, en 2019 el Departamento de Justicia desenmascaró un timo de más de 1,000 millones de dólares con reclamaciones falsas por aparatos ortopédicos.
Y en abril de 2023, la justicia acusó a 18 personas de robar casi 500 millones en facturación falsa por pruebas de detección de Covid-19.
