NUEVA YORK.-Mientras las denuncias por abuso sexual se acumulaban en su contra en Haití, Michael Karl Geilenfeld, condenado en 2025 por agredir a menores, construía silenciosamente una segunda plataforma humanitaria en la República Dominicana, según los documentos desclasificados sobre el caso Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El estadounidense, durante años presentado como un “misionero” dedicado a los niños pobres, utilizó su reputación para expandir operaciones en el Caribe sin levantar alarmas entre autoridades locales ni organismos humanitarios.
Una segunda base en Higüey
Además de dirigir la Familia San José de Haití, Geilenfeld creó en Higüey, La Altagracia, un centro llamado “Casa de los Dos Ríos”, dedicado a ofrecer alimentos, apoyo educativo y asistencia económica a familias vulnerables.
La existencia de esta organización en territorio dominicano aparece mencionada dentro de los expedientes de los Epstein Files, que este viernes liberaron 3.5 millones de páginas y miles de archivos multimedia.
Las primeras señales ignoradas
Según los documentos, las primeras advertencias formales surgieron en 2011, cuando el activista Paul Kendrick comenzó a denunciar públicamente abusos cometidos por Geilenfeld en sus instituciones.
Las revelaciones fueron desacreditadas durante años, al punto de que Geilenfeld llegó a demandar a Kendrick y a Valerie Dirksen, presidenta de International Children’s Rights Advocates Society, alegando “difamación”.
Entre las evidencias recogidas en el caso, Dirksen afirma incluso que Geilenfeld habría sido dejado en el aeropuerto JFK por autoridades dominicanas porque “los federales no quisieron recogerlo”, un dato mencionado en publicaciones de la época.
El juicio que destapó todo
La versión del “misionero ejemplar” cayó definitivamente en 2025. Un jurado federal en Miami lo declaró culpable de siete delitos sexuales cometidos entre 2005 y 2010, incluyendo viajar al extranjero con fines sexuales ilícitos.
Testificaron seis víctimas directas y otras cuatro que no formaban parte de los cargos. La investigación fue liderada por el DHS y el FBI, que concluyeron que Geilenfeld utilizó instituciones humanitarias como fachada para acceder a menores vulnerables.
Con 73 años, fue sentenciado a 210 años de prisión.
