GUAYAQUIL.-Ecuador celebra este domingo un referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa que busca apoyo ciudadano para endurecer las leyes contra el narcotráfico mediante una nueva Constitución, el retorno de bases militares extranjeras y el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos.
Casi 14 millones de ecuatorianos están llamados a votar de manera obligatoria entre las 07:00 y 17:00 hora local sobre estas medidas que el mandatario considera fundamentales para combatir la violencia que azota al país.
El referéndum incluye preguntas sobre permitir bases militares extranjeras —prohibidas desde 2008—, redactar una nueva Constitución, eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos y reducir el número de congresistas. Noboa convocó la consulta después de que la justicia frenara varias de sus iniciativas por considerarlas contrarias a derechos fundamentales.
La votación se desarrolla en medio de una crisis de seguridad sin precedentes, con Ecuador registrando la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica: 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2024.
En total, 470,636 electores están habilitados para sufragar en 37 países, con excepción de los resistentes en Cuba, Venezuela, Rusia y Bielorrusia, a donde los paquetes electorales no fueron enviados debido a problemas técnicos y diplomáticos.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló desde Quito que aunque el voto en el exterior es voluntario, para los migrantes representa «un acto de amor y pertenencia» hacia el país.
Del total de electores habilitados en todo el mundo, 280,109 están en Europa, Asia y Oceanía; 164,395 en Canadá y Estados Unidos; y 26,132 en Latinoamérica, el Caribe y África.
La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que habían «trabajado incansablemente» junto al CNE para que los residentes en el exterior puedan votar de manera ordenada, eficiente y segura en las 93 zonas electorales distribuidas en los 37 países.
Hasta el momento, solo han sufragado de manera anticipada 1,032 presos sin sentencia firme y 490 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75%, beneficiarios del programa ‘Voto en casa’.
