SAMTO DOMINGO.-El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre(INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, se querellaron por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el presidente y la gerente general de la empresa Dekolor, S.R.L.
La querella penal en constitución en parte civil es en contra del presidente de Dekolor, Rogelio Oruña, y la gerente general, Sandra Oruña.
La acción penal detalla una compleja trama de intentos de soborno —con sumas ofrecidas de hasta un millón de dólares estadounidenses y RD$3,000,000.00 mensuales, amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del INTRANT.
“El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país”, indicó.
El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por un periodo de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias. A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del INTRANT, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional.
Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley núm. 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley núm. 155-17, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La querella, respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos.
De acuerdo a un comunicado enviado este lunes, desde su creación en 2004, DeKolor supuestamente ha estado en el centro de múltiples irregularidades.
«En 2015 fue acusada de modificar sin los debidos procesos legales contratos de emisión de licencias con el Ministerio de Obras Públicas, y en 2023 su papel como fiadora solidaria en el fallido concurso para la mejora de la red semafórica del Gran Santo Domingo fue cuestionado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). En 2024, se reportó que la empresa había girado alrededor de RD$ 4,655 millones desde 2017 por dicho contrato, cobrando RD$ 805.69 por cada licencia emitida», se alegó.
Además, se informó que documentos oficiales de la DGCP vinculan a DeKolor con José Ángel “Jochy” Gómez, acusado de hackeos, acceso ilegal a correos de figuras públicas y presuntos fraudes electorales. «La empresa también ha compartido vínculos societarios con Aquíles Jiménez, empresario señalado en otras operaciones de licitación pública».
Gómez ha sido acusado en distintos momentos por espionaje digital, robo de identidad y presuntos actos fraudulentos, incluyendo su mención en el caso de los equipos de voto automatizado del PLD en 2019, donde fue señalado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
La querella presentada por el Intrant hace alusión a investigaciones paralelas sobre empresas proveedoras vinculadas a la red de semáforos del Gran Santo Domingo, acusadas de alterar licitaciones, falsificar documentos y manipular procesos administrativos.
Un actor clave en el expediente es Pago RD, proveedor tecnológico del sistema de licencias, señalado como posible canal de desvío de fondos. Se investiga su relación operativa con DeKolor y Transcore Latam, esta última también beneficiaria del contrato anulado por Contrataciones Públicas.
La querella busca no solo sancionar hechos puntuales, sino desmantelar un presunto esquema empresarial que ha evadido control institucional durante varias administraciones.
Este tipo de acción es inusual en el país. Por lo general, los delitos de corrupción administrativa son perseguidos por el Ministerio Público en nombre del Estado. La decisión de un funcionario de alto nivel de ejercer directamente la acción penal constituye un precedente excepcional difícilmente documentado en bases judiciales, registros oficiales o archivos de medios de comunicación.
