SANTO DOMINGO. — La Junta Central Electoral (JCE) intimó formalmente al partido Fuerza del Pueblo (FP) tras la multitudinaria “Marcha del Pueblo” realizada el domingo 30 de noviembre, al considerar que la actividad pudo haber excedido los límites del derecho de protesta social y rozar actos de propaganda electoral anticipada.
En un documento emitido por el Pleno, la JCE recordó que respeta el derecho fundamental de reunión y manifestación, pero subrayó que dicho ejercicio debe desarrollarse dentro del marco constitucional, legal y, especialmente, en armonía con la normativa electoral vigente.
La institución señaló que la marcha, promovida públicamente por Fuerza del Pueblo mediante sus canales oficiales, utilizó de manera evidente la denominación, colores, símbolos y consignas del partido, además de exhibir la participación activa de dirigentes y militantes vistiendo la simbología partidaria.
Según el órgano electoral, estos elementos “en su conjunto podrían configurar actos de naturaleza político-partidaria que excederían el ejercicio neutro del derecho de protesta social”, lo que se apoya en la amplia difusión de imágenes en redes sociales y medios de comunicación.
Riesgo de confusión
La JCE recordó que las manifestaciones de carácter social no pueden confundirse ni fusionarse con actos propios de campaña o precampaña electoral antes de las fechas oficialmente habilitadas. Esto, explicó, es fundamental para preservar la equidad entre las organizaciones políticas.
Esa normativa sanciona con multas de uno (1) a doscientos (200) salarios mínimos a quienes organicen mítines, manifestaciones o reuniones públicas fuera de los períodos autorizados.
Como medida inicial y en cumplimiento del rol preventivo del órgano electoral, la JCE decidió intimar formalmente a la Fuerza del Pueblo para que adopte “de inmediato” las disposiciones necesarias que eviten que futuras actividades sociales se interpreten como propaganda electoral anticipada.
El Pleno advirtió que, de no atender esta intimación o si se verifican nuevos hechos, se procederá a apoderar a la Unidad de Sanciones Administrativas, lo cual podría conllevar multas de hasta 200 salarios mínimos, conforme lo establece la ley.
La comunicación enfatiza que esta intimación se basa en el artículo 13 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral, que permite al órgano electoral advertir y requerir adecuaciones de conducta antes de iniciar un proceso sancionador formal.
