SANTO DOMINGO.-Los principales actores de la justicia dominicana, Ministerio Público, la Oficina de la Defensa Pública y el Poder Judicial, anunciaron una política «expansiva» de soluciones alternas a los procesos penales, como, dicen, lo establece la normativa procesal desde hace más de veinte años y porque están convencidos de que una justicia tardíano es justicia.
En un encuentro con periodistas, los más importantes representantes de esas instituciones dijeron reconocer que el miedo y el rechazo a los acuerdos entre las partes en un caso penal obedece a un tema cultural de los dominicanos y porque los abogados se forman con la idea de litigar en los tribunales hasta el final, sin importar que para llegar a una decisión transcurran años.
«Nosotros queremos que esa sea la primera provincia del país que tenga un 80 % de acuerdos», subrayó Molina.
Agregó que otras de las ventajas es que permiten la reparación de daños a las víctimas y al propio Estado, al que, además, ahorra recursos en el procesamiento y la litigación.
En el DN, más del 40 % de los procesos
Reynoso dijo que las soluciones alternas fue parte de las políticas que asumió como fiscal en el 2013, en cumplimiento a lo que establece la Ley 76-02 del Código Procesal Penal y que no se conocen porque no son expedientes sonoros como los que han ocupado las primeras páginas de los diarios en los últimos años sobre causas de corrupción.
En ese sentido, el director de la Oficina de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, mencionó que el Código Procesal Penal «tiene más de cinco soluciones alternas» a las causas judiciales.
Cuestionó también que todos los casos se judicialicen, muchos de los cuales terminan diluyéndose porque las víctimas pierden el interés. En esta parte, la procuradora dijo disentir, y citó que si fuera así sometieran más de 200 mil expedientes al año porque solo de violencia de género reciben más de 70,000 denuncias anuales.
Las conciliaciones en los procesos penales han tenido notoriedad en los últimos cinco años por las que ha arribado el Ministerio Público con un gran número de acusados en los cuatro grandes casos de corrupción administrativas, los que han devuelto miles de millones de pesos en bienes y en efectivos.
Un ejemplo es que cuatro de esos vinculados en corrupción han resarcido al Estado con más de cinco mil millones de pesos, estos son los empresarios Manuel Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo Herrera, así como Maxy Gerardo Montilla Sierra, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla. Este último devolvió tres mil millones de pesos.
Otros acusados han sido condenados a penas de prisión suspendida, además de tener que devolver bienes y dinero al Estado, uno de ellos es el empresario Lisandro Macarrulla Martínez, acusado en el caso de Medusa que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
«Nosotros acordamos y acordamos en todo tipo de casos, no hay un caso que el Ministerio (Público) diga no acuerdo a ese tipo penal. Ahora, hay tipos penales que por la gravedad, el acuerdo va a implicar una sanción mucho mayor y hay acuerdos que son infracciones menores, entonces esos acuerdos van y la norma dice y la doctrina, la jurisprudencia también, qué debe hacerse», indicó Yeni Berenice Reynoso.
Defiende transparencia
En el encuentro con periodistas que cubren la fuente de justicia y que recientemente viajaron a Puerto Rico, en donde sus autoridades dijeron negocian más del 95 de los casos, la procuradora general sostuvo que una de las razones por las que en Estados Unidos no se critican es por su nivel de institucionalidad.
En ese sentido, dijo que para evitar dudas, el fiscal debe tener fundamento legal, como ya lo ha establecido el legislador dominicano, y no hacer acuerdos apartados de la razonabilidad
Se mostró convencida de que aumentar el número de casos conciliados «va a fortalecer el sistema de justicia» porque va a permitir que los recursos sean utilizados de manera más eficiente sin procesos que se extienden de forma indebida.
Ante los cuestionamientos de algunos periodistas de la falta de información en algunos casos en investigación, la máxima representante del Ministerio Público aseveró que muchas conciliaciones en Estados Unidos no son públicas hasta después de dos o 10 años, por razones de seguridad, y que se sanciona a cualquiera de las partes que las difundan, «porque entiende el tribunal que pudiera haber cierto riesgo si se publica».
Recordó, asimismo, que la Procuraduría General tiene un repositorio con esas negociaciones.
Molina: «Hay que corregir los aplazamientos»
Sobre los reiterados aplazamientos de las audiencias que hacen de los procesos penales cansones e inagotables, el presidente de la SCJ, Henry Molina, los calificó como «una mala práctica» que hay corregir.
«No puede haber justicia que sea tardía, no es justicia entonces», indicó.
Mencionó 11 puntos que los actores del sistema han definido como prioritarios implementar y cuyo primer lugar ocupa aumentar los esfuerzos para un «incremento progresivo de los casos penales solucionados por acuerdos».
En segundo y tercer lugar están la «reducción de preventivos por la no presentación de acto conclusivo en tiempo» y la «reducción de privados de libertad en estatus preventivo».
«Esos once puntos rompen unas prácticas en la República Dominicana que van a generar desacuerdo con la comunidad jurídica», sostiene Molina
Sin embargo, dijo estar consciente que los cambios son un proceso que no se producen de la noche a la mañana.
Los otros puntos son «los privados de libertad con pena cumplida con órdenes de libertad al día», «privados de libertad enfermos bajo control judicial y médico», «eficiencia en la etapa del recurso de apelación», «interoperabilidad de los sistemas interinstitucionales», y «mejora en la gestión de casos de alto impacto».
También «mejora en la gestión comunicacional interinstitucional»; «gestión conjunta de indicadores priorizados»; y «sistema de compensación variable por desempeño en la justicia».
El encuentro con los periodistas que cubren la fuente judicial se realizó en el edificio que comparten la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General, en el Centro de los Héroes, en el que participaron también los jueces de la SCJ, Fran Soto, María Garabito Ramírez y Francisco Ortega. Asimismo, la jueza de primera instancia Esmirna Gisselle Méndez.
