SAN JUAN.– Un grupo de manifestantes puertorriqueños se congregó el lunes en la plaza La Rogativa, en San Juan, frente a la sede del Gobierno de Puerto Rico, para protestar contra la decisión de la gobernadora, Jenniffer González, de convertir en ley el Proyecto del Senado 504, que reconoce al no nacido como persona natural.
«Acaba de firmar una ley la gobernadora, la convierte en ley, que enmienda tres artículos del Código Civil de Puerto Rico, en síntesis, lo que hace es reconocerle personalidad jurídica al nasciturus o cigoto, embrión o feto desde la concepción, por lo tanto aquí estamos en contra de esta acción», aseveró a EFE Patricia Otón, integrante de Aborto Libre Puerto Rico, una de las organizaciones que convocó la protesta.
Los activistas, ataviados muchos de ellos con carteles y pañuelos, se concentraron en el centro de San Juan, con consignas, cánticos y bailes al son de los panderos de plena, los güiros y algunos utensilios de cocina empleados como instrumentos de percusión.
«Impacta todas las áreas del derecho del código civil de Puerto Rico y eso no se estudió, y también le da autoridad a cualquier persona que puede ser un defensor judicial o cualquier persona interesa en representar al concebido no nacido, eso significaría ir en contra de la mujer gestante», añadió Otón, que es abogada.
En este sentido, Otón aseveró que la rubrica de este documento supone un principio de represión contra el derecho al aborto, que está reconocido en la legislación de Puerto Rico.
¿Qué establece el Proyecto del Senado 504?
«Que un embrión, un feto, sea considerado como persona jurídica, va en conflicto directo con la autonomía del cuerpo de las personas, va a pasar un proceso de vigilancia constante y el proceso de gestar y parir se va a criminalizar», lamentó Díaz.
El Proyecto del Senado 504, convertido en ley busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico para clarificar que el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
Recientemente, más de 320 médicos y profesionales de la salud hicieron un llamado urgente a la gobernadora con una misiva para que no firmara el proyecto por considerarlo un riesgo para la vida de mujeres gestantes.
Advirtieron sobre las complicaciones en casos en los que una persona gestante enfrenta un diagnóstico de cáncer durante etapas tempranas del embarazo, pues la medida podría limitar el derecho a interrumpir la gestación para permitir tratamientos que salvan la vida.
