MEXICO.-El lunes 12 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con el presidente Donald Trump, a partir de la cual asegura que ha quedado descartada la intervención militar de Estados Unidos en territorio nacional, lo cual es una buena noticia, por lo menos hasta la siguiente bravata del presidente estadounidense con una nueva amenaza de incursión militar en nuestro territorio.
Como ya expuse, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido particularmente eficaz al momento de apaciguar las presiones ejercidas por Trump, básicamente debido a que se ha cedido en gran parte de las demandas realizadas por este, por lo menos en materia de seguridad, como se pudo observar con la entrega de 55 criminales culpables de narcotráfico a los EUA.
En esta última llamada que sostuvieron no sabemos cuáles fueron los nuevos acuerdos (¿demandas?), pero hay medios como el Wall Street Journal que señalan la discusión en torno a la captura y entrega de políticos (principalmente pertenecientes a Morena) vinculados con la delincuencia organizada. En el mismo texto se señala que el margen de acción de la presidenta Sheinbaum se está terminando y que puede llegar el momento en que lo que ofrezca a Trump no va ser suficiente; en consecuencia, la incursión militar terminaría siendo inevitable. En este contexto, ¿qué puede hacer México para evitar una posible intervención militar estadounidense?
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La detención y entrega de un capo de primer nivel,
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La detención y entrega de uno o varios políticos vinculados con la delincuencia organizada, o
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Establecer un nuevo acuerdo de colaboración similar a la Iniciativa Mérida, que establezca un nuevo marco de colaboración entre países.
En esta primera opción, tendría que tratarse de una figura como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, para que Trump lo considere un intercambio aceptable. Sin embargo, esto plantea un problema de fondo: si supiéramos que la captura o abatimiento de un líder como “El Mencho” podría iniciar una escalada de violencia criminal capaz de hundir a amplias regiones del país en un conflicto de gran escala, ¿seguiría siendo razonable proceder contra dicho personaje?
Hacia finales del año pasado, Trump declaró en conferencia de prensa que “conoce todos los domicilios de cada capo del narcotráfico” y añadió que estaría dispuesto a lanzar ataques contra ellos con tal de “proteger a su país”. Considerando la existencia de canales de comunicación y cooperación entre las agencias de ambos países, es razonable suponer que las autoridades mexicanas cuentan, al menos en parte, con información similar. Esto plantea una pregunta inevitable: si dicha información existe, ¿por qué no hemos visto detenciones de capos de alto perfil más allá de aquellas realizadas bajo presión directa de Estados Unidos?
La segunda opción se trata de la captura y entrega de políticos vinculados con grupos de la delincuencia organizada y es la opción que parece más viable en este momento, y al mismo tiempo, la más costosa políticamente para la presidenta. Entre el sexenio pasado y el actual no se han presentado acusaciones de alto perfil contra políticos por delitos relacionados con delincuencia organizada o uso de recursos de procedencia ilícita, a pesar de que no faltan las acusaciones ni los señalamientos, lo cual sugiere la existencia de un manto de protección que evita sean llamados a declarar por las autoridades correspondientes.
En el caso más relevante, el actual senador morenista, exgobernador de Tabasco y exsecretario de gobernación en el sexenio de AMLO, Adán Augusto López, no ha sido considerado públicamente sujeto de interés en las investigaciones sobre Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de seguridad y presunto líder de la agrupación “La Barredora”, ligada al llamado Cartel Jalisco Nueva Generación.
Como señalé en un texto previo, diversos medios apuntan a la existencia de una “lista negra” que Marco Rubio tiene sobre políticos mexicanos, por lo que no resultaría sorprendente que las autoridades estadounidenses tengan ya identificados políticos mexicanos por su presunta relación con la delincuencia organizada. Es previsible que aumente la presión por detener a estos personajes, de modo que podría obligar a la presidenta a romper los presuntos pactos de protección al interior del partido.
Los costos políticos vendrían al interior del partido, ya que obligaría a políticos a velar por su supervivencia y reconsiderar sus afiliaciones políticas, lo cual podría significarle un menor apoyo a la presidenta para impulsar sus reformas estructurales. Algunos podrían argumentar una “cacería de brujas”, pero la realidad es que la interrelación del campo político con el campo delictivo está en el centro del problema de la seguridad en México, si recordamos -como dice Luis Astorga- que el tráfico de drogas “nació a la sombra de los intereses del campo político y supeditado a él”.
Por otra parte, discursivamente los gobiernos de la autodenominada “4T” se han desmarcado frente al electorado mexicano del discurso de la “guerra contra las drogas”, al reconocerla como un grave error de los gobiernos anteriores, a pesar de que varios de los principios de esta política sigan presentes (como la militarización y la falta de legalización del consumo de algunas drogas). Sin embargo, no dudo que la 4T tiene el capital político, la popularidad suficiente y los medios para realizar un acuerdo de este tipo y mantener su imagen intacta frente a la población mexicana.
Esta última opción es la menos deseable, pues como varios analistas y activistas han comentado, las intervenciones estadounidenses en naciones extranjeras no terminan en su pacificación. A su vez, representaría una derrota moral del gobierno ya que finalmente sería aceptar la intervención estadounidense, solo que con “el aval” del gobierno mexicano. Además, cualquier política que se asemeje a “la guerra contra las drogas” debería ser rechazada, pues ha sido ampliamente documentado que termina por funcionar como un mecanismo de violencia ejercido contra la población.
* Gerardo López García (@gera_emp) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
