SANTO DOMINGO.-El jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó seria preocupación por varios cambios incorporados al nuevo Código Procesal Penal, al considerar que agreden las garantías que debe tener cualquier procesado.
Aseguró que, pese a los esfuerzos realizados, persisten disposiciones delicadas, como la suspensión de la prescripción y aspectos relacionados con el debido proceso.
«Nosotros como fundación lo único que podemos decir es que no aprobamos ese código», afirmó.
Castaños Guzmán sostuvo que, si la iniciativa no contaba con el respaldo de la comunidad jurídica, las discusiones debieron posponerse. Según indicó, existe «un desequilibrio a favor del Ministerio Público», reconocido incluso por legisladores del oficialismo y la oposición.
Perdomo también criticó que el Congreso no trabajara con suficiente tiempo en la ley 1015, anulada por el Tribunal Constitucional por incumplir el procedimiento legislativo. Afirmó que las prisas y la falta de técnica legislativa provocarán «una mayor incertidumbre jurídica en República Dominicana».
La Cámara Alta sancionó este viernes el nuevo Código Procesal Penal, tal como llegó desde la Cámara de Diputados, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Durante el debate, legisladores advirtieron sobre el complejo momento que vive la sociedad dominicana, marcado por el avance del crimen organizado y su penetración en la política.
Señalaron que la aprobación del código busca poner «en sintonía» el proceso penal con el nuevo Código Penal.
Rechazó la afirmación de que se trata de «el código del Ministerio Público» y criticó a diputados que, según dijo, solo buscaban resonancia en redes sociales. Añadió que «hay cosas que no necesariamente cambiaron para bien», pero que es responsabilidad de la Cámara Revisora corregir lo necesario.
El nuevo Código Procesal Penal incluye medidas como:
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Limitación de los juicios a cuatro años,
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Protección reforzada para víctimas de violencia sexual,
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Suspensión de plazos cuando un imputado se fuga,
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Más facultades de investigación para el Ministerio Público,
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Mecanismos para evitar que las defensas retrasen los procesos o afecten a coimputados cumplidores.
Además, restituye la facultad del órgano persecutor de ordenar peritajes en la etapa preparatoria y aborda temas como la prescripción de las penas, recusaciones, rebeldía ilegal, manejo y acceso a pruebas, plazos de prisión preventiva y el plazo razonable.
