NUEVA YORK.-El presidente Donald Trump, a través de un memorando ordenó a las agencias federales revocar las autorizaciones de seguridad de más de una docena de sus supuestos enemigos políticos, entre ellos la exvicepresidenta Kamala Harris y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, así como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
«He determinado que ya no es de interés nacional que las siguientes personas accedan a información clasificada», declaró Trump en el memorando.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, en diciembre del anpasado año, se rehuzó a desechar el caso de fraude civil contra el virtual presidente electo Donald Trump, al sostener que los presidentes no son inmunes a los litigios civiles.
Los abogados de Trump habían solicitado a James anular, «por el bien del país», la multa de cerca de 454 millones de dólares impuesta contra el republicano y a varios de sus familiares por fraude financiero.
Además la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se opone junto a la gobernadora a que el estado deje de ser ciudad santuario dijo: “Nuestras leyes estatales, incluida la Ley de Luz Verde, protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras a nuestras comunidades. Estoy dispuesta a defender nuestras leyes”.
Los Trump fueron declarados culpables en febrero 2024, de inflar el valor de sus propiedades para obtener intereses más favorables en préstamos y seguros.
«Por la presente, ordeno a todos los jefes de departamentos ejecutivos y agencias que tomen todas las medidas adicionales necesarias y conforme a la ley vigente para revocar cualquier autorización de seguridad vigente que tengan las personas mencionadas y rescindir inmediatamente su acceso a información clasificada».
El memorando se aplica a las sesiones informativas clasificadas y a cualquier acceso que las personas pudieran haber tenido a información clasificada debido a su anterior mandato en el Congreso.
Esta medida marca el último caso en el que Trump retira autorizaciones de seguridad a rivales políticos, después de que el presidente anunciara en febrero que revocaría «inmediatamente» la autorización de seguridad del expresidente Joe Biden y suspendería su sesión informativa diaria de inteligencia. También ha recurrido a rescisiones similares para tomar medidas enérgicas contra importantes bufetes de abogados.
El memorando del viernes formalizó la revocación de la autorización de seguridad de Biden, junto con la de varias otras personas a quienes la administración Trump había declarado previamente haberles retirado las autorizaciones, y procedió a bloquear el acceso de la familia del expresidente a información clasificada, en el supuesto de que la tuvieran.
Además de sus rivales demócratas en las elecciones de 2016 y 2024, Trump también revocó las autorizaciones de los dos republicanos del comité de la Cámara de Representantes que investigó su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021: la exrepresentante de Wyoming Liz Cheney y el exrepresentante de Illinois Adam Kinzinger.
A principios de este mes, la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró que, siguiendo una directiva de Trump, había revocado las autorizaciones de seguridad de varias de las personas mencionadas en el memorando del viernes, incluyendo altos funcionarios de Biden, el exsecretario de Estado Antony Blinken y el exasesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, así como dos de los abogados que interpusieron demandas contra Trump: la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
En otro memorando emitido a altas horas de la noche del viernes, Trump revisó sus rencores pasados contra los abogados que se le han opuesto y prometió castigar a los abogados y bufetes de abogados revocando las autorizaciones de seguridad y cancelando los contratos federales que tengan.En otro memorando emitido a altas horas de la noche del viernes, Trump revisó sus rencores pasados contra los abogados que se le han opuesto y prometió castigar a los abogados y bufetes de abogados revocando las autorizaciones de seguridad y cancelando los contratos federales que tengan.
Ordenó a la fiscal general Pam Bondi que revisara la conducta de los abogados y bufetes que, según la administración, han presentado demandas frívolas contra la administración Trump o han intentado bloquear iniciativas de inmigración, lo que ha intensificado la represión del presidente contra la comunidad legal estadounidense.
