SANTO DOMINGO.-El poder legislativo es el primer poder del estado dominicano, que esta compuesto por dos cámaras, la Alta y la Baja, Senado y Cámara de Diputados, forman el Congreso Nacional.
La primera rama compuesta por 32 miembros representantes de cada una de las provincias y la segunda conformada por 190 diputados, los cuales tienen una representación proporcional según la población.
La Unidad de Poder Legislativo tiene por objeto ser el instrumento de investigación en temas relacionados al Poder Legislativo dominicano, tomando en cuenta su función de creación de las leyes y la de servir como contrapeso de los otros poderes del Estado.
Las legislaturas forman parte importante de la mayoría de los gobiernos; en el modelo de separación de poderes, se contrasta con las ramas ejecutiva y judicial del Estado y a la vez responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales.
La competencia constitucional del Congreso abarca otras facultades que se desarrollan en actos no legislativos: desempeña funciones políticas, electorales, jurisdiccionales, económicas, presupuestarias, administrativas y otras formas de control al gobierno.
- Legislar para el país y para el pueblo.
- Fiscalizar los recursos del Estado.
- Representar a los ciudadanos ante el congreso.
En la República Dominicana todo eso es teoría en la práctica no hay división de los poderes, el Poder Ejecutivo, el partido en el poder casi siempre influye en los demás poderes y hemos vistos al pasar los años, que pese a su conformación pertenecer a partidos de la oposición, a la hora de aprobar un proyecto, no significa nada. Sea mito o no hemos escuchado del «hombre del maletín», de los acuerdos que se llegan entre las llamadas bancada oficialista y de la oposición a la hora de aprobar un proyecto de ley, que someta el ejecutivo, casi siempre no benefician a la mayoría del pueblo.
La composición actual del Congreso, una buena parte son unos caras duras, no tienen vergüenza, hay desde dueños de bancas de loterías, hasta empresarios del transporte, vienen operando como una pandilla de bandidos, tal como los tipifico el Dr. Ricardo Nieves.
Resulta, que no estamos hablando de nada nuevo, los mismos que hacen las leyes, son los primeros que no las cumplen, con escasas excepciones, a juzgar por las recientes declaraciones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que tuvo que iniciar el pasado sábado una jornada especial para que los funcionarios públicos se pusieran al día con la Ley 311-14 sobre la declaración jurada de bienes.
A pesar de que dicha Ley establece que los funcionarios tienen un plazo de 30 días luego de asumir el cargo para entregar su declaración jurada de patrimonio, han transcurrido más de ocho meses y todavía 133 diputados y 10 senadores no han cumplido .
¿Y nos preguntamos que esconden?
El pleno de la Cámara de Cuentas, encabezado por la directora Emma Polanco, indicó que la jornada fue realizada con el propósito de facilitar el cumplimiento del deber legal, “reafirmando el compromiso de los servidores públicos con la transparencia y la gestión íntegra de los bienes del Estado”.
Según informó la entidad a la prensa, están pendientes de presentar su declaración jurada de bienes también 2,660 ayuntamientos de diferentes cargos, 266 juntas de distritos municipales de diferentes cargos, 150 funcionarios que han sido designados por decretos.
Los beneficios que recibe un legislador para un país pobre como la República Dominicana es algo vergonzoso, exorbitante, que van desde el costoso privilegio que pasó a ser un negocio como son las exoneraciones de vehículos de alta gama US$20,000, dejando el estado de percibir cientos de millones de pesos al año.
También tenemos el famoso “barrilito”, y el »cofrecito», un fondo de asistencia social exclusivo para los senadores, y otro para los diputados, un privilegio “irritante”, que algunos congresistas en algunas ocasiones han tratado de eliminar.
Tanto el Barrilito y El Cofrecito, tiene un uso de manera corruptiva y clientelar, pero además sirve para que estos se den buenos y costosos gustos como son: buenas bebidas, comidas caras, entre otros privilegios. Esto no esta estipulado en la constitución dominicana ni en ninguna ley.
En el sistema de información legislativa aún sigue vigente un proyecto de ley de autoría del diputado Eugenio Cedeño, que busca modificar la Ley No. 57-96, que regula las exoneraciones de vehículos para senadores y diputados.
El Artículo 3 de la propuesta establece que cada legislador tendrá derecho a importar o adquirir vehículos exonerados de impuestos hasta un monto de 120,000 dólares estadounidenses o su equivalente en pesos dominicanos. Este monto podrá dividirse para adquirir hasta dos vehículos, siempre que el valor total no supere dicho límite.
Cada vez que suceden un hecho , aunque no de la magnitud de la tragedia de la discoteca Yet Set, sale a relucir los años que tiene el Código Penal ( 141 años de vigencia) , 25 en el Congreso, que ni el Partido de la Liberación Dominicana y ahora el Partido oficial PRM, con mayoría mecánica han tenido voluntad política para aprobar un Código como lo amerita los nuevos tiempos.
Una de las recientes voces que tronó en relación a ese código obsoleto con que cuenta el sistema de justicia dominicana fue la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien reiteró la necesidad de que el país cuente con un Código Penal actualizado. Asimismo, justificó la solicitud de 18 meses de prisión preventiva para los implicados en el caso del colapso de la discoteca Jet Set por la alta lesividad social.
«Es indispensable para nuestro trabajo tener una norma sustantiva, una ley sustantiva, en este caso el Código Penal actualizado”, expresó Reynoso.
En esa ola se monto además Finju, que respalda llamado a aprobar el nuevo Código Penal: “Es una necesidad impostergable’.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su respaldo a las recientes declaraciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien urgió al Congreso Nacional a aprobar sin más demoras el nuevo Código Penal, ante el desfase de la legislación vigente frente a la complejidad del crimen contemporáneo.
La organización consideró que la reforma al Código Penal representa una “necesidad impostergable” para el fortalecimiento del Estado de derecho en la República Dominicana, al tiempo que advirtió que el marco penal actual, promulgado en 1884, es incompatible con las exigencias del siglo XXI.
Y para que no se sorprendan con ese código Antonio Espaillat, dueño del emblemática centro de diversión de la élite dominicana podría salir airoso, a men que el juez interprete que en vez de homicidio involuntario sea todo lo contrario, debido a la magnitud de este funesto acontecimiento.
Y si ustedes se preguntan en que se pasan el tiempo los «honorables «congresistas?
Algunas pinceladas, se la pasan de préstamos en préstamos; sometiendo proyectos de leyes impopulares.
Según el informe del Presupuesto General del Estado 2025, República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con el porcentaje más alto de sus ingresos destinados al pago de intereses de la deuda, la cual ascendía a 57,301.3 millones de dólares y al cierre del 2024 en cuanto a la deuda pública consolidada respecto al PIB fue del 57.5%.
A principios de enero 2025 la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dominada por legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), rechazó y archivó de forma definitiva el proyecto de resolución que buscaba que el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, explique al Congreso el rumbo de los préstamos que ha tomado el Poder Ejecutivo bajo el mando de Luis Abinader.
La resolución fue presentada por el diputado Félix Michell Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, pero cuando fue debatida en la comisión de Hacienda se bloqueó por la falta de apoyo.
Aunque los opositores respaldaron la pieza, todos los diputados oficialistas que pertenecen a la comisión rechazaron el proyecto, provocando que se encarpete sin más avances.
Mas de 98 mil millones de dólares prestados se exigió en el Congreso que el presidente rinda cuentas sobre el destino de más de 54 mil millones de dólares en préstamos. Sin embargo, se niega a hacerlo. ¿Qué está ocultando? ¿Teme que sus seguidores descubran algo? ¿O acaso ese dinero ha sido malversado?
Mientras tanto, los congresistas están empeñados en aprobar una Ley Mordaza para regular la libertad de expresión, un proyecto de ley que se suma a una serie de iniciativas similares que han levantado preocupación en la sociedad dominicana en los últimos años, incluyendo el polémico proyecto de ley del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y otras propuestas legislativas que buscaban regular los contenidos digitales, castigar la crítica y limitar el discurso.
Otra perla la presentó recientemente el senador senador de El Seibo, Santiago José Zorrilla.
El proyecto de ley presentado por el senador de El Seibo, Santiago José Zorrilla, que regula la práctica del béisbol de personas menores de edad y la contratación al profesionalismo, ha causado un gran revuelo en todos los sectores que convergen en la dinámica de la firma de peloteros en la República Dominicana.
En esa tesitura, han aflorado posiciones encontradas entre quienes son abanderados del proyecto de marras y los que sustentan la tesis de que el mismo es un adefesio.
El punto de vista del senador Santiago Zorrilla
El senador Santiago José Zorrilla aclaró que el referido proyecto de ley no busca aplicarle impuestos a los bonos de firmas de los prospectos del béisbol, sino tener un fondo para que en caso de que el prospecto no logre llegar a grandes ligas, pueda usarlo para estudiar o emprender algún negocio.
«Ese bono que se le paga a la familia o al menor de edad no puede quedar suelto para que pueda ser gastado, sino que se le separe un 30 % en una cuenta o en un fideicomiso, el cual al cumplir su mayoría de edad pueda disponer del mismo. Todos sabemos que pocos peloteros llegan a las grandes ligas luego de ser firmados en la República Dominicana y muchos al ser dado de baja por los equipos por falta de rendimiento o una lesión, terminan en la ruina, por lo que de esta manera si se este fondo reservado podrían tener una mejor calidad de vida fuera del béisbol», significó.
En esa tesitura, han aflorado posiciones encontradas entre quienes son abanderados del proyecto de marras y los que sustentan la tesis de que el mismo es un adefesio.
IBI pide eliminar proyecto de ley que propone Santiago Zorrilla
Después de saludarles, agradecemos al Pueblo dominicano y a las autoridades que lo dirigen, por la oportunidad de permitirnos aportarle seguridad, tranquilidad y garantías a la protección de los mejores intereses del deporte dominicano, de manera especial al béisbol.
Para la AIBI, defender a los jugadores de béisbol y sus formadores, será la mayor de las causas, aun de aquellos de cuya buena intención no dudamos, pero que pudieran poner en riesgos esta marca país, orgullo dominicano, como es el béisbol, a través de decisiones que incidirán, en los momentos actuales, de manera negativa en este deporte, pues crearán una distorsión en el sistema formativo, al cargar una vez más en los hogares dominicanos, sus hijos y padres, el peso del desarrollo de los talentos nativos dominicanos, que ya de por sí, cuenta con un apoyo estatal muy limitado.
La amenaza al béisbol, pero sobre todo a los jugadores dominicanos, está siempre presente, ahora vino en formato de una ley que procura bajo el alegato de protegerles, reservar un 30% en un fideicomiso, que se le pagaría al cumplir la mayoría de edad, sin embargo, esta misma ley ordena el registro en la DGII de los programas o academias privadas que forman estos jugadores, y no se emplea la palabra “cobro de impuestos”, pero esto es un efecto obligatorio de la inscripción o registro en el ente estatal que cobra impuestos.
Y nos debemos preguntar, ¿y cuál es la única fuente de ingresos de las academias independientes de béisbol dominicanas?, y la Respuesta es simple, es el ingreso por el “Bono de firma” de los jugadores que desarrollan para la MLB.
En este escenario, se le ha pedido a la Cámara de Diputados y su Comisión de Deporte, que se celebren vistas públicas, que se permita socializar ese proyecto de ley, para hacer una verdadera ley de deporte o del béisbol, que sea integral, y que por primera vez aborde temas olvidados de tutela por el Estado dominicano como son:
Garantías y protección de no contratos devueltos en las firmas de los prospectos dominicanos. Procurándose que se pueda por ley transparentar lo que ocurre todos los días, de que se pactan desde edades tempranas acuerdos condicionados de firma, en espera de la edad de 16 años, los cuales cuando se incumplen, solo dejan la desolación en los hogares dominicanos, por la frustración de sus sueños, trabajo y dedicación.
Tratamiento institucional diferenciado, como lo reciben otros sectores productivos nacionales, para garantizar que se sigan desarrollando el talento nacional, lo que se convierte en un aporte a la llamada “economía circular” dominicana, poniendo un plato de comida en miles de hogares cada día.
Establecimiento por ley y socializado con la MLB, sus equipos y jugadores, de un bono por derecho de formación, como sucede en el Fútbol a nivel internacional, donde cada año, los equipos, clubes y ligas que desarrollan el talento, reciben un bono de los ingresos obtenidos por los jugadores que desarrollan.
En consecuencia, le pedimos a los Honorables Diputados, que pongan sus oídos en el corazón del pueblo y en los representantes de estos en la figura de AIBI, para lograr una verdadera ley, y reiteramos el llamado de “parar” este proyecto como está, y encaminarnos a un gran dialogo nacional “juntos”, para buscar una ley de béisbol moderna, eficiente, que proteja y defienda a nuestros jugadores.
AIBI, reitera la solicitud que le hizo a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Deportes de ésta, mediante carta de fecha 3 de junio de 2025, de que le permitan colaborarles, y les reitera a los honorables Diputados y al Pueblo Dominicano, su solicitud la puedan escuchar y aportar a una solución acorde con la realidad del béisbol nacional amateur, de la mano de las personas que están en el terreno de juego formando talento y conocedores reales de la industria desde su interior, y han aportado glorias como Dever, Juan Soto y Elly de la Cruz, sólo por mencionar tres de los mejores en este momento en grandes ligas.
En tal sentido AIBI hace un llamado y le pide a sus más de 6,300 afiliados, jugadores y sus padres, demás familiares y al pueblo dominicano, que se mantenga vigilantes a los próximos días, para Garantizar que este proyecto no siga el curso dañino que lleva, y de no ser tomados en cuenta, les reiteramos que estamos con el pueblo y sus hijos, y AIBI les comunicará por los canales pertinentes, para que nos acompañen personalmente mano a mano a manifestarle a nuestro honorable Congreso Nacional y externarles a sus votantes a quienes se deben los honorables Diputados, un claro y rotundo no a esta ley de Zorilla, que matará al béisbol dominicano.
Y donde dejan ustedes la Ley de la Seguridad social, una verdadera estafa a los constribuyentes con las AFP y la ley del Agua? Ni caso les hace los honorables legisladores.
Esta historia continuará…
