El Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), debe ofrecer explicaciones claras al país y a la comunidad internacional sobre las informaciones que vinculan a los generales de la Policía Nacional, Eduardo Escalante Alcántara y Wandy Madé Montilla con una investigación relacionada con un presunto caso de narcotráfico.
Ambos oficiales fueron relevados de sus respectivos cargos en medio de versiones que han generado preocupación y numerosas interrogantes en la opinión pública.
Escalante Alcántara se desempeñaba como director regional de la Policía Nacional en San Cristóbal, mientras que Madé Montilla ocupaba la Dirección Regional Santo Domingo Oriental.
Según las informaciones que circulan, ambos estarían siendo investigados por la presunta sustracción de más de 270 paquetes de cocaína que habrían sido incautados en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal.
Las versiones difundidas en distintos espacios también señalan que el caso estaría relacionado con un supuesto secuestro, la ocupación de un cargamento de drogas y el decomiso de varias armas de fuego, incluyendo fusiles de alto calibre.
Asimismo, se ha especulado que algunas de esas armas habrían sido devueltas a personas presuntamente vinculadas a una estructura de narcotráfico que operaría en la región Norte del país.
Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial detallada que confirme o desmienta estas informaciones.
Precisamente por la gravedad de las denuncias, resulta indispensable que los organismos competentes actúen con transparencia y mantengan informada a la ciudadanía sobre el curso de las investigaciones.
La llamada reforma policial fue presentada como una iniciativa destinada a fortalecer la institucionalidad, elevar los estándares éticos y recuperar la confianza de la población en la Policía Nacional.
Sin embargo, los constantes escándalos que han salido a la luz en los últimos años han generado dudas sobre la efectividad de ese proceso y sobre los resultados concretos que puede exhibir.
La credibilidad de una institución tan importante para la seguridad pública no puede seguir deteriorándose entre denuncias, rumores y silencios oficiales.
Por otra parte, es conocido que los organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico mantienen una vigilancia permanente sobre las rutas del Caribe, una región considerada estratégica para las organizaciones criminales transnacionales.
En ese contexto, cualquier señal de posible infiltración del narcotráfico en organismos de seguridad genera preocupación dentro y fuera de la República Dominicana.
Resulta irresponsable especular sobre el alcance real de este caso sin contar con evidencias concluyentes.
Sin embargo, también es cierto que el silencio de las autoridades contribuye a alimentar rumores y versiones que terminan afectando la confianza pública.
Por ello, corresponde al Gobierno, al Ministerio Público y a la Policía Nacional ofrecer información precisa, verificable y oportuna.
La transparencia no solo fortalece las instituciones, sino que también protege la reputación del país.
Las especulaciones deben ser sustituidas por hechos.
La sociedad dominicana tiene derecho a conocer la verdad, cualquiera que esta sea.
Lo que está en juego no es únicamente la imagen de dos oficiales ni la credibilidad de una institución. También está en juego el prestigio de la República Dominicana ante el mundo.
La inmensa mayoría de los dominicanos son ciudadanos honestos y trabajadores. Por eso, cuando surgen casos de esta naturaleza, las autoridades tienen la obligación de actuar con firmeza, transparencia y apego absoluto a la ley, para evitar que la conducta de unos pocos termine proyectando una imagen injusta sobre todo un país.
Sería oportuno que el Gobierno dominicano, junto al Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y los organismos de control del Estado, realice una profunda revisión patrimonial de oficiales militares y policiales, tanto activos como retirados. Resulta legítimo preguntarse cómo algunos servidores públicos que pasaron décadas percibiendo salarios relativamente modestos exhiben hoy patrimonios y estilos de vida que, en determinados casos, parecen difíciles de justificar.
La transparencia no debe ser una excepción, sino una obligación para quienes han tenido en sus manos la seguridad y la defensa de la nación.
La corrupción dentro de sectores de los organismos de seguridad no es una percepción ni una simple sospecha: ha quedado reflejada en procesos judiciales, condenas, decomisos de bienes y auditorías oficiales que han detectado irregularidades por millones de pesos en perjuicio del Estado.
Los casos que han involucrado a miembros de las fuerzas militares y policiales, así como las investigaciones que continúan abiertas, evidencian la necesidad urgente de una depuración profunda y permanente.
La República Dominicana no puede aspirar a fortalecer sus instituciones mientras subsistan focos de impunidad en organismos llamados precisamente a proteger la ley.
Ha llegado la hora de adecentar el Estado, sancionar a los corruptos y garantizar que ninguna posición de poder sirva de escudo frente a la justicia.
