SANTO DOMINGO.-Ni siquiera pasaron 24 horas de la tragedia del colapso del techo de la famosa discoteca Jet Set en República Dominicana que dejó al menos 226 muertos y unos 189 heridos, por lo que el país ya se encontraba de luto. Sin embargo los miembros del Tribunal Constitucional estaban traicionando la patria de Duarte, Sánchez y Mella.
El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Interior y Policía concluir el proceso de naturalización ordinaria a favor de un grupo de haitianos que procuran la nacionalidad dominicana a través de ese mecanismo.
La Alta Corte acogió un amparo de cumplimiento a favor de 32 personas de nacionalidad haitiana tras establecer que los decretos 262/2020 y 297/21 concedieron la naturalización de un grupo de extranjeros conforme al proceso de naturalización dispuesto por el Estado dominicano en la Ley núm. 169-14, sobre Regularización de Extranjeros.
En su sentencia TC/0067/25, manifiesta que los decretos de naturalización — aún vigentes a la fecha en que se estudian en el presente caso—conceden el beneficio de la nacionalidad dominicana a título de naturalización ordinaria a un grupo de extranjeros, dentro de los cuales se encuentran los recurrentes.
Plantea que se está ante un acto administrativo que debía ser ejecutado por parte de las entidades públicas vinculadas, como es el caso del Ministerio de Interior y Policía, institución a la que en los indicados decretos se le ordena el acatamiento de esta disposición.
“En consecuencia, con la negativa de la ejecución de los mandatos incursos en los referidos actos administrativos por parte del Ministerio de Interior y Policía se incurre en la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, debido proceso y el derecho a la identidad invocados por los recurrentes al retardar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los indicados decretos presidenciales”, apunta.
La Alta Corte fijó una astreinte de RD$5,000.00 a cargo del Ministerio de Interior y Policía, por cada día de retardo de ejecución de la sentencia.
Considera que procede ordenar al Ministerio de Interior y Policía que concluya el proceso de naturalización de los accionantes, conforme a los decretos núm. 262-2020 y 297-21, los cuales, al constituir un mandato expreso en actos administrativos, obligan a la autoridad pública recurrida a dar continuidad al proceso de naturalización ordinaria de los accionantes.
Al quedar evidenciado que corresponde concluir el proceso de naturalización a los accionantes anteriormente señalados, el Constitucional dice que resulta indiscutible su ejecución por parte del Ministerio de Interior y Policía.
“Por consiguiente, este Tribunal Constitucional considera que el Ministerio de Interior y Policía tiene la obligación de concluir el proceso de naturalización ordinaria conforme a lo dispuesto por los Decretos núm. 262-2020 y 297-21, ya que constituyen un mandato expreso dispuesto en un acto administrativo que les beneficia a los accionantes”, subraya.
También estima que procede que se dé cumplimiento al mandato administrativo incurso en los decretos referidos, relativo a que se realice el proceso de juramentación y entrega de certificación de naturalización a los accionantes.
Al determinarse las funciones del Ministerio de Interior y Policía dentro del trámite que deben seguir los extranjeros que se encuentren normalizados dentro del Plan Nacional de Regularización, el TC dice se comprueba el incumplimiento legal para dar continuidad al proceso de naturalización de extranjeros.
Según su criterio, ha verificado que el Ministerio de Interior y Policía no dio respuesta a los accionantes y que por demás se ha negado a cumplir el mandato de una ley en perjuicio de los accionantes.
Basa su argumento en que la institución toma la decisión apoyándose en una supuesta exclusión del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que al momento de analizar los artículos 6, 7 y 8 de la Ley núm. 169-14, quedan comprobadas sus funciones dentro del referido régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas de manera irregular en el registro civil dominicano.
Los accionantes procuran el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9 y siguiente de la Ley núm. 1683, sobre Naturalización, del 16 de abril de 1948, y las disposiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley núm. 169-14 —que establece un régimen especial para personas nacidas en territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización—y de los decretos núm. 262-2020, que concede la naturalización dominicana a varios extranjeros, emitido por el entonces presidente Danilo Medina el 28 de junio del 2020.
Mientras el 297-21, que concede la naturalización dominicana ordinaria a varios extranjeros, del 30 de abril del 2021, fue expedido por el presidente Luis Abinader.
Señala que la sentencia del TC no advirtió que la ley No.169-14, en su artículo 12, dispone que el Poder Ejecutivo dictará el reglamento de aplicación de la ley y que, entre otras cosas, contendrá los medios a través de los cuales se acreditará el hecho del nacimiento, así como las adecuaciones pertinentes al plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular.
La magistrada observa que los extranjeros que hubieren entrado dentro del plan de regularización y que estuvieren estatus migratorio irregular en la República Dominicana tenían un plazo de 18 meses a partir del 29 de noviembre del año 2013, fecha en que se implementó el mismo.
“Es por ello que esta juzgadora considera que este colegiado constitucional no debió desconocer los citados precedentes fijados en la materia, y establecer que no procedía dar cumplimiento a lo instanciado por los recurrentes, por carecer de efectos jurídicos, al no encontrarse vigente el procedimiento de naturalización suscitado a partir del plan nacional de regularización de extranjeros en situación irregular, dispuesto por la ley 169-14, y que fue ulteriormente, regulado por el decreto No.327-13,y posteriormente por la otrora resolución núm.01-2017”, enfatiza.
Wilson Gómez cuestiona decisión del Tribunal Constitucional sobre regularización de haitianos
Wilson Gómez Ramírez, expresidente del Instituto Duartiano.
El expresidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, expresó este jueves que es cuestionable la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó 18 meses para que los haitianos que cumplieran con las condiciones establecidas en la sentencia 168-13 pudieran inscribirse en el proceso de regularización.
“Ciudadanos haitianos plantearon la necesidad de que se les incluyera en los beneficios del plan de regularización. Entonces, el tribunal acogió la solicitud. Esa solicitud acogida se cuestiona por el hecho de que ya había vencido el plazo dentro del cual ellos tenían que accionar y procurar ese beneficio. El tribunal, parece que, extendió generosamente la cobertura y, por tanto, ha beneficiado a ese grupo de personas”.
“Yo no sé si hay plena conciencia de lo que estamos jugando. Yo procuro no ser un fanático, ver las cosas en su realidad y en su dimensión, pero advierto que el problema es grave. Estamos jugando nuestra existencia. Los organismos internacionales están mirando para otro lado”, señaló al participar en una entrevista en el programa matutino Su Mundo.
El expresidente del Instituto Duartiano también destacó la grave situación que enfrenta Haití, afirmando que las bandas haitianas controlan actualmente el 100% del territorio de Puerto Príncipe, lo que ha generado un impacto directo en la situación migratoria en la República Dominicana.
“Con una comunidad internacional que se ha hecho de la vista gorda, ellos no están mirando el problema. Están de espaldas, dejando y empujando la situación hacia acá para generar un problema insular”, expresó.
En cuanto a las decisiones del Tribunal Constitucional, Gómez Ramírez resaltó que estas son definitivas y de cumplimiento obligatorio, sin posibilidad de apelación.
“Un juez de una corte constitucional de cualquier parte del mundo debe actuar con la cabeza fría porque es un juez de jueces. Cuando un grupo de hombres y mujeres decide algo que no puede ser objeto de rectificación, deben pensarlo muy bien”, puntu alizó.
Crisis interna del Instituto Duartiano
Gómez Ramírez también comentó sobre la situación interna del Instituto Duartiano.
Manifestó que la junta directiva nacional de la entidad rechazó las declaraciones del actual presidente, calificándolas de inapropiadas, y le solicitó retractarse, ya que se apartaban de los lineamientos de la institución. Sin embargo, el presidente se negó a retractarse, lo que provocó que convocaran una asamblea con la junta directiva nacional para el próximo 26 de abril.
“El Instituto Duartiano tiene su propia línea desde su fundación en 1964, pero esa línea se reafirmó el 6 de agosto de 2022 cuando realizamos la primera marcha patriótica, donde se hizo un manifiesto y se dejó claro cuál es la línea institucional del Instituto frente a esta realidad”, destacó Gómez Ramírez.
Medidas del presidente Abinader
En relación con las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar el problema migratorio, Gómez Ramírez las calificó como interesantes, pero lamentó que, aunque se habían prometido cifras importantes de deportaciones mensuales, la ejecución real de estas medidas ha sido insuficiente.
“Cuando uno cree que se han agotado todas las providencias y se habla de deportar 400,000 al mes, luego se da cuenta de que eso no se ha estado haciendo”, señaló.
Gómez también mencionó que el problema de la migración ilegal en el país no es reciente, sino que ha sido dejado de lado por los diferentes gobiernos en los últimos años. Aseguró que el tema no se ha tratado con la seriedad necesaria.
“Sentarse a la mesa para dar pasos certeros, pasos que en el tiempo se puedan mantener, es fundamental. Con la infraestructura que tiene la frontera hoy, es imposible que haya la cantidad de militares necesarios para vigilarla. ¿Dónde están las estructuras para soportar una cantidad importante de personal en la frontera?”, concluyó.
