NUEVA YORK.-Luego de que trascendió que las autoridades migratorias federales en Puerto Rico pretende reabrir un centro de detención en Aguadilla, al oeste de la isla, la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) rechazó el plan por entender que sería una amenaza directa a los derechos de las personas migrantes.
“Reabrir un centro de detención masivo en nuestra región representa un retroceso moral, legal y humanitario. Lo que se busca con esta actuación es legitimar la iniciativa del presidente (Donald) Trump de criminalizar a las personas migrantesen violación a la Constitución de los Estados Unidos y de los tratados internacionales que los protegen”, indicó la entidad en un comunicado este martes.
La organización también cuestionó el impulso del gobierno federal a alternativas como la “autodeportación”, ya que, en esencia, no es una decisión ni voluntaria ni justa.
“Llamar ‘voluntario’ a un proceso impulsado por miedo, precariedad y falta de opciones legales reales es cruel. También repudiamos la narrativa que insinúa que la deportación es una respuesta justa, cuando lo que enfrentan muchas de estas personas es la persecución, la pobreza extrema o la violencia estructural en sus países de origen”, expusieron.
La ACLU además planteó que lo que busca la Administración Trump es acelerar procesos judiciales migratorios a costa de derechos constitucionales.
“Puerto Rico no debe convertirse en un enclave estratégico para la detención y deportación de comunidades vulnerables del Caribe y América Latina. Lo que necesitamos son designaciones de espacios sensibles, políticas de acogida, inversión en procesos de regularización, y el respeto irrestricto a los derechos humanos, no cárceles”, puntualizó la entidad.
La ACLU ha denunciado firmemente que las autoridades en EE.UU. y en territorios como Puerto Rico encabezados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas federal (ICE), no están siguiendo el debido proceso de ley al momento de encaminar redadas y operativos. Plantean, entre otras cosas, que la Constitución federal y la de la isla protegen a las personas de procedimientos arbitrarios, independientemente de su estatus migratorio.
La ACLU ha insistido en que, para arrestar a un migrante, oficiales deben contar con una orden judicial firmada por un juez federal que implique causa probable, y no simplemente llegar por sorpresa a un espacio donde se cree que hay indocumentados.
En una entrevista este martes con NotiCel, Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS) en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, dijo que, aproximadamente, se han realizado 400 arrestos desde principios de año con base en las directrices de la Administración Trump que refuerzan la política antimigrante.
La portavoz de HSI en Puerto Rico estimó en 20,000 los indocumentados en la isla, esto con base en datos de quienes acuden a los Centros de Servicios al Conductor (CESCOS) a solicitar licencias de conducir.
Añadió que, contrario a la creencia general de que solo hay indocumentados dominicanos, y, principalmente, en la zona metropolitana, en Puerto Rico hay extranjeros sin papeles de países asiáticos, además de México, Haití, Venezuela, entre otros, más allá de la capital, San Juan, y áreas limítrofes.
A preguntas de cuáles son los criterios que utilizan las agencias federales para intervenir o realizar un operativo o redada, González Ramos respondió: “Nosotros trabajamos mucho con Inteligencia. Nosotros tenemos un centro de comunicaciones y nosotros estamos recibiendo alrededor de 15 y 20 llamadas diarias de personas diciendo, ‘aquí en este lugar está residiendo una persona sin estatus migratorio’, hasta ‘aquí, en este lugar, tienen unas mujeres que les quitaron sus papeles y no les permiten salir’. Uno, con el nivel de seriedad va a darle la prioridad. Cualquier llamada que venga con una vida en peligro o un caso de trata, pues eso se le va a dar prioridad. Pero cuando nosotros salimos es con Inteligencia que se recibe…”.
Añadió que apoyan a personal de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), rama de ICE, con el número “bien alto” de órdenes finales de deportación.
La funcionaria explicó que, en casos como el del arresto de 53 migrantes que laboraban en el hotel La Concha, en San Juan, registrado el 8 de mayo, la agencia necesita orden del propietario para ingresar.
Sobre el centro de detención de ICE en Guaynabo, dijo que, al momento, solo hay 21 camas, por lo que muchas de estas personas son trasladadas a estados para el procesamiento de sus casos.
“Ellos (gobierno federal) tienen que constantemente traer los aviones para remover a las personas que están aquí para entonces habilitar las camas para las personas nuevas que se detienen”, reveló.
Fue en medio de esa discusión que González Ramos dijo que la Administración Trump tiene en la mira reabrir el centro de detención en Aguadilla.
“Aquí había un centro de detención enorme en Aguadilla, pero ese centro se cerró. Ellos están auscultando abrir los centros de detención cerrados a nivel nacional…incluyendo el de Aguadilla. Obviamente, nosotros tenemos una ubicación estratégica porque muchas de las personas que se están deportando van en dirección hacia Suramérica y hacia el Caribe…”, notificó la encarga del HSI en Puerto Rico e Islas Vírgenes.
