CARACAS.-Más de 200 inmigrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fueron liberados y llegaron a su país natal este viernes, confirmó un alto funcionario del régimen de Nicolás Maduro a Noticias Telemundo.
Bukele informó en un comunicado en X que su Gobierno entregó “a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país” y recordó que eran acusados de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua. “Muchos se enfrentan a múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves”, añadió.
El mandatario salvadoreño explicó que los presos fueron intercambiados “a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen había mantenido en sus cárceles durante años, así como de todos los ciudadanos estadounidenses que mantenía como rehenes (…) quienes se dirigen ahora a El Salvador, donde harán una breve escala antes de proseguir su viaje de regreso a casa”.
Bukele sugirió a finales de abril el intercambio a Venezuela, que reaccionó a través del Ministerio Público tildando la propuesta de “cínica” y acusó a Estados Unidos y El Salvador de violar el “derecho internacional” y cometer un “crimen de lesa humanidad” al mantener detenidos a los venezolanos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que se llevó a cabo canje, y fue resultado de negociaciones desde hace semanas con ambos países para concretar el intercambio de prisioneros estadounidenses a cambio de los inmigrantes venezolanos detenidos en El Salvador.
Las autoridades venezolanas informaron que los inmigrantes arribaron al país en tres aviones, incluido uno en el que viajaban los hijos de quienes fueron deportados de EE.UU. a El Salvador y tuvieron que ser separados de ellos, por lo que ahora podrán reunificarse en Caracas. Los otros dos vuelos transportan a quienes estuvieron en el CECOT.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que demandó a la Administración Trump en marzo por su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, reaccionó a la noticia e indicó que no fue informada del canje.
«El Gobierno permitió que estas personas languidecieran en este conocido gulag por más de cuatro meses sin garantías procesales y con esta última maniobra parece estar tratando de evitar todas las resoluciones judiciales», indicó.
Un acuerdo preliminar colapsó el 8 de julio, luego de que Rubio pusiera sobre la mesa que la empresa petrolera Chevron, una fuente vital de ingresos para el régimen venezolano, continuara con sus operaciones en el país sudamericano, a cambio de la liberación de los presos estadounidenses, dijeron funcionarios de la Administración Trump al diario The New York Times.
Las fuentes aseguraron que las negociaciones tuvieron dos vías del lado estadounidense, una gestionada por Rubio y otra por el enviado del Gobierno federal, Richard Grenell, frente al representante de Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Pese a no haber llegado a un acuerdo, la oferta de intercambiar inmigrantes deportados a El Salvador por prisioneros en Venezuela continúo sobre la mesa, ya que la Casa Blanca no tiene intención, al menos por ahora, de permitir que Chevron reanude sus operaciones en suelo venezolano, añadió un funcionario al diario.
Una victoria para Maduro
El intercambio es un cambio en la postura del régimen venezolano que en abril exigió una lista con los nombres de los prisioneros, su estatus judicial, “la fe de vida y el informe médico de cada uno”.
Ahora el canje representa una victoria invaluable para Maduro quien intenta legitimarse en el poder pese a la evidencia de que perdió las elecciones presidenciales en 2024 contra Edmundo González, detalla la agencia The Associated Press.
Maduro usó durante meses la detención de los inmigrantes venezolanos para condenar al Gobierno estadounidense y el intercambio indica que, pese a que la Administración Trump y otros países no lo reconocen como presidente, sigue arraigado en el poder.
Las autoridades venezolanas detuvieron a casi una docena de estadounidenses a mediados de 2024 por lo que dijeron eran tramas para desestabilizar al régimen.
Denuncias sobre malas condiciones en el CECOT y otras prisiones salvadoreñas
El CECOT de Bukele ha sido objeto de críticas por parte organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera de El Salvador, que han alertado sobre condiciones precarias para los reclusos.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado hacinamiento extremo, tortura y otros problemas en el CECOT, y en otras prisiones del país.
En los últimos años, Bukele ha utilizado poderes de emergencia para suspender ciertos derechos fundamentales y permitir la detención de decenas de miles de personas sospechosas de ser miembros de pandillas. Más de 80,000 han sido detenidas desde la orden.
Los grupos defensores han documentado años de abusos contra los derechos humanos en el sistema penitenciario salvadoreño, así como detenciones indefinidas sin acceso a un proceso justo. El año pasado, la organización de derechos humanos Cristosal informó que al menos 261 personas han muerto en las cárceles salvadoreñas desde 2022.
Bukele se ha jactado del sistema de encarcelamiento masivo de su país. “La tasa de encarcelamiento más alta del mundo/el país más seguro del hemisferio occidental. No es ciencia espacial”, escribió en la red social X en febrero de 2024.
Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo: “Podemos decir con toda firmeza que el sistema penitenciario salvadoreño no es lugar para los migrantes”. La organización, que lleva años realizando trabajo de campo en El Salvador, ha publicado recientemente dos informes sobre las condiciones carcelarias en el país.
Bukele y su Gobierno prometieron que se asegurarían de que cualquiera que entrara en el CECOT no volviera nunca a sus comunidades.
Expertos y abogados dijeron estar preocupados porque a los inmigrantes se les negara el debido proceso, a partir desde que fueron expulsados de Estados Unidos y durante su encarcelamiento en El Salvador.
Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, señaló que “el sistema judicial en El Salvador se ha derrumbado” y que carece de la independencia para tratar adecuadamente los problemas que enfrentan los propios ciudadanos del país, y mucho menos las preocupaciones de debido proceso para los inmigrantes venezolanos recientemente enviados a El Salvador.
“Para Bukele, justicia significa encarcelamiento masivo”, comentó.
Goebertus añadió que por la falta de independencia judicial en el país y por el estado de emergencia, “estas personas no tienen recursos en El Salvador”.
