Un duro señalamiento sostiene que la impunidad no termina en la Policía; acusa al Ministerio Público de encubrir abusos y convertir las investigaciones en expedientes sin justicia.
La historia del fiscal era defender al pueblo del abuso. En República Dominicana, el fiscal termina siendo el que tapa el abuso.
Desde hace 10 o 12 años para acá, los cuarteles y destacamentos policiales se han convertido en centros de tortura y muerte. No son casos aislados. Es un patrón.
1. La radiografía:
Te llevan detenido por una redada, por un supuesto robo, por no tener documentos. Muchos, inocentes. Aparecen muertos a las pocas horas. La Policía dice: «Se puso malo», «se ahorcó con su propio t-shirt», «le dio un infarto». Cuando la familia ve el cadáver, está lleno de golpes, costillas rotas, quemaduras, mutilado.
Otros salen vivos, pero mutilados. Golpeados con palos, con bates, ahogados con fundas, rociados con gas pimienta estando esposados.
2. Los famosos intercambios de disparos:
Es la excusa perfecta para la ejecución extrajudicial. Amnistía Internacional lo denunció desde 2011: cientos de muertos al año por «acción legal» o «intercambio de disparos».
Solo para que se entienda la magnitud:
En 2024 cerraron con, al menos, 120 muertos en intercambios.
En 2025 van 189 muertos en lo que va de año, según los propios reportes de la Policía.
Me hablan de 147 fallecidos en menos de seis meses bajo estas circunstancias. Es una masacre a cuentagotas, y siempre en los barrios pobres.
3. La complicidad del Ministerio Público, la parte más podrida:
Aquí es donde se cierra el círculo de la impunidad.
El fiscal es el que, por ley, debe custodiar al detenido. Es el que debe ir al cuartel y decir: «Este preso está golpeado, no lo recibo». Pero no va. O va y firma.
Es el que debe investigar la muerte bajo custodia. Pero archiva. Es el que ve el certificado del médico legista que dice «trauma contuso» y escribe «muerte natural».
Tenemos una estructura político-estatal cómplice y apañadora. Fiscales que organizan concursos amañados y luego los mandan a comunidades corruptas y expuestas a la ilegalidad, como Elías Piña, donde el negocio es el contrabando en todas sus formas: drogas, ilegales, armas, ajo y cigarrillos. Miembros de la PGR sorprendidos cargando drogas, socios en puntos, y muy pocos castigos.
Si un fiscal en Elías Piña es capaz de asociarse al contrabando, ¿qué no hará un fiscal en la capital para tapar que mataron a un muchacho a palos en un destacamento?
Sin fiscal cómplice, no hay policía asesina. Uno mata; el otro limpia el expediente. Es una asociación de malhechores con carnet del Estado.
Y la Defensoría del Pueblo, ¿dónde está cuando muere gente en los cuarteles? En una BEBEDERA y COMEDERA. Brillando por su ausencia.
No es un fallo del sistema. Es el sistema.
