WASHINGTON.-La Corte Suprema permitió al presidente Donald Trump retomar su plan de desmantelar el Departamento de Educación y proceder con el despido de casi 1,400 empleados.
Con el voto en contra de las tres juezas liberales, el tribunal suspendió el lunes una orden del juez federal de distrito Myong Joun en Boston, que revocaba los despidos y cuestionaba el plan general.
Los despidos «probablemente paralizarán al departamento», escribió Joun. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden mientras el gobierno apelaba.
La acción del alto tribunal permite al gobierno reanudar la liquidación del departamento, una de las mayores promesas de campaña de Trump.
El tribunal no explicó su decisión a favor de Trump, como es habitual en las apelaciones de emergencia.
Sin embargo, en su opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor se quejó de que sus colegas estaban facilitando acciones legalmente cuestionables por parte del gobierno.
“Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de infringir la ley y luego cumple esa promesa, es deber del Poder Judicial frenar esa ilegalidad, no acelerarla”, escribió Sotomayor en su nombre y en el de las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.
Los empleados del Departamento de Educación afectados por los despidos han estado en licencia remunerada desde marzo, según un sindicato que representa a parte del personal de la agencia.
La orden de Joun impidió que el departamento los despidiera definitivamente, aunque a ninguno se le permitió regresar al trabajo, según la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales Local 252. Sin la orden de Joun, los trabajadores habrían sido despedidos a principios de junio.
El Departamento de Educación había declarado a principios de junio que estaba «evaluando activamente cómo reintegrar» a los empleados. Un correo electrónico del departamento les pidió que compartieran si habían conseguido otro empleo, diciendo que la solicitud tenía como objetivo «apoyar un retorno al trabajo sin problemas e informado».
El caso actual involucra dos demandas consolidadas que alegan que el plan de Trump constituyó un cierre ilegal del Departamento de Educación.
Una demanda fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts, junto con la Federación Estadounidense de Maestros y otros grupos educativos. La otra demanda fue presentada por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
Las demandas argumentaron que los despidos impidieron al departamento cumplir con las responsabilidades asignadas por el Congreso, incluyendo las obligaciones de apoyar la educación especial, distribuir ayuda financiera y hacer cumplir las leyes de derechos civiles.
