SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó este lunes una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, acusado de encabezar una estructura criminal que defraudó al Estado dominicano mediante contratos ilícitos y maniobras de corrupción.
Han pasado más de cuatro años desde que el Ministerio Público presentó el caso Operación Antipulpo, una investigación sobre un presunto entramado de corrupción administrativa que involucra a dos hermanos del expresidente Danilo Medina y exfuncionarios de su gobierno, con un perjuicio al Estado de más de 5,000 millones de pesos.
Inicialmente, el caso incluyó a 27 personas físicas, algunas ya condenadas en procesos abreviados o separados por razones de salud. Actualmente, el juicio de fondo, llevado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, es contra Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, junto a otros 19 imputados.
Carmen Magalys Medina fue vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y, según la acusación, favoreció las empresas de su hermano Alexis, quien habría obtenido contratos irregulares en diversas instituciones públicas durante las gestiones de Danilo Medina.
El proceso está en su fase final tras iniciar en 2021. En esta etapa, los imputados y sus abogados han presentado pruebas documentales para refutar las presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca). El tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por Clara Castillo y Jisell Soto, ha admitido gran parte de las pruebas
La acusación incluye estafa agravada contra el Estado, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, complicidad en desfalco, soborno activo, lavado de activos agravado y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Mientras que para Magalis Medina, el órgano persecutor solicita 10 años de prisión por su implicación en la red de corrupción.
Para todos los imputados el Ministerio Público pide que sean inhabilitados por el mismo periodo para desempeñar, prestar servicios o ser contratada por entidades de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas así como la degradación cívica.
También se solicitaron condenas para otros implicados en el denominado caso Antipulpo, entre ellos:
Wacal Bernabé Méndez: 15 años de prisión en Najayo, multa de 200 salarios mínimos, decomiso de bienes e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Carlos José Alarcón: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos y decomiso de bienes ilícitos.
Ramón Brea y Johnny Brea: 10 años de prisión en Najayo, multa de 200 salarios mínimos, e inhabilitación para prestar servicios en entidades financieras y públicas.
Lina de la Cruz Vargas: 10 años de prisión en Najayo Mujeres y multa de 200 salarios mínimos.
Liwin, Paola Molina, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara, José Miguel Genao Torres, Antonio Méndez y Furgio Cabreja: 10 años de prisión en Najayo.
José Idelfonso Correa Martínez: 10 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Manuel Pacheco y Lorenzo Wilfredo: 5 años de prisión en Najayo y multa de 200 salarios mínimos.
Rafael Germosén Andújar: 5 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Víctor Encarnación Montero: 5 años de prisión suspendida, multa de 500 mil pesos, decomiso voluntario de 15 millones de pesos y acuerdo con el Ministerio Público.
Aquiles Cristofer Sánchez: 3 años de prisión cumplidos, pena suspendida y multa de 500 mil pesos.
En cuanto a las empresas vinculadas al caso, se solicitó:
Multa de 200 salarios mínimos por soborno y lavado de activos.
Disolución de personas jurídicas y cancelación de licencias.
Las empresas de medicinas recibirían una sanción de 200 salarios mínimos y prohibición de contratar con el Estado.
El imputado del caso Antipulpo, Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, se manejaba con unos niveles de tráfico de influencia y poder hasta el punto de destituir un contralor general de la República o evitar que cancelaran una empleada o directora de compras, lo que le permitía obtener lo que pedía, según el Ministerio Público.
A través del entramado que dirigía Medina Sánchez se distraían acciones del patrimonio del Estado bajo la modalidad de adulteraciones de conduces: Se adulteraban los conduces para hacer aparentar que se entregaron desde equipo médico hasta AC30 que realmente nunca se entregaron, estafando al Estado con miles de millones de pesos que se detallan en la acusación.
El órgano acusador añade que el acusado Juan Alexis Medina Sánchez es socio de un excandidato a la presidencia de Guatemala que pretendía replicar el mismo modelo de las licitaciones ilícitas, con apoyo de poderosos sectores políticos de Guatemala que han sido identificados por la investigación, pero que por razones de estrategia de investigación en curso a principios de la acusación no se dieron mayores detalles.
Asimismo, detalla que la organización criminal creó un entramado societario en el que estaban las empresas Domedical Supply S.R.L., Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution, A.M., S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez S.R.L., United Suppliers Corporations S.R.L., Wattmax Dominicana S.R.L., Wmi International, S.R.L., Acorpor, S.R.L., Wonder Island Park, S.R.L., Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), S.R.L., Ichor Oil, S.R.L., Editorama, S.A.S., Globus Electrical, S.R.L., Contratas Solution Services CSS, S.R.L., Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones, S.R.L., Proyectos Engineering & Construction
Cambiaban de objeto social con frecuencia, a los fines de ajustarse a los requerimientos de los proyectos que contratarían las instituciones públicas, que ellos de antemano conocían a través de los funcionarios de estas.
Realizaban operaciones inusuales, como es el cambio habitual de socios, gerencia y administración, rotándose y alternándose estas posiciones entre los mismos miembros de la organización criminal.
